SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público y la
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) anunciaron que coordinan acciones
en el ámbito de sus respectivas competencias, para fortalecer la cooperación
mutua en las labores de prevención y persecución de la violación a las
resoluciones, ordenanzas y leyes municipales, así como para la agilización de
los procesos de esos casos.
El plan se llevará a cabo en el marco de un acuerdo que
fue firmado con esos fines por el procurador general de la República, Jean
Rodríguez, y el presidente de FEDOMU y alcalde de Azua, Rafael Antonio Hidalgo
Hernández, el cual tiene el propósito de garantizar el cumplimiento estricto de
las leyes y contribuir a la preservación del orden público.
En un comunicado de prensa mediante el cual se ofreció la
información, establece que las acciones buscan contrarrestar el lanzamiento de
escombros en calles y avenidas, la generación de roturas de calles, daños a las
propiedades de la ciudad y a edificaciones, así como al uso inadecuado de los
espacios públicos y la publicidad de exteriores, entre otros.
La iniciativa, que se pondrá en marcha en coordinación
con las alcaldías de las diferentes localidades del país, incluye la
capacitación a fiscales para su especialización en asuntos municipales, una
mayor coordinación de éstos con los consultores jurídicos de los ayuntamientos,
así como campañas educativas mediante la difusión de mensajes a través de los
medios de comunicación, redes sociales, escuelas y lugares de trabajo, y la
elaboración de brochures, para orientar a las personas sobre la conveniencia
del cumplimiento de las leyes para el progreso colectivo y el bienestar
individual.
El magistrado Jean Rodríguez ponderó los beneficios del
convenio, destacando que contribuirá a tener un país más limpio, sano y
organizado, con mayor paz. “Hemos instruido a los fiscales para que apoyen a
los municipios y apliquen lo que dice la ley, sin excepción”, expresó.
Adelantó que las labores estarán a cargo de personal de
ambas instituciones, entre ellos, fiscales, abogados y consultores jurídicos,
que se encuentran en proceso de formación en la Escuela Nacional del Ministerio
Público (ENMP), recibiendo un programa especializado de formación de alrededor
de dos meses. Señaló que las sanciones administrativas están a cargo de las
alcaldías mientras que los procesos penales a cargo del Ministerio Público.
En tanto que Hidalgo Hernández dijo que el acuerdo de
colaboración interinstitucional es un paso importante de avance para las
gobernaciones del país. “Aumentar la capacidad sancionadora de los gobiernos
locales, ha sido un reclamo demandado por las autoridades municipales, por lo
que con esta importante alianza ganamos en efectividad y resultados para continuar
nuestra labor a favor del desarrollo local”, expresó.
Mayor cooperación para mejor combate de la infracción a
las leyes
Esta alianza establece una mayor cooperación
interinstitucional para la persecución de las infracciones a diversas leyes
municipales como la Ley No. 675-44 sobre Urbanización, Ornato Público y
Construcciones y la Ley No. 120-99, que prohíbe tirar desperdicios sólidos o de
otra naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos,
balnearios, mares y ríos.
Las autoridades también acordaron establecer las bases
para actuar conjuntamente con las alcaldías de los municipios, bajo la
coordinación del Ministerio Público, para crear oficinas o casas de mediación
en los lugares donde consideren factible, a fin de actuar en conciliación o
resolución alternativa de conflictos.
El acuerdo, firmado en la sede de la ENMP, tendrá una
vigencia de dos años y una vez se complete ese tiempo podrá ser prorrogado por
acuerdo común entre las partes por un período similar.
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