Por: Yván Ariel Gómez Rubio; abogado penalista con maestría en procesos penales.
OPINIÓN.- En los últimos años, el debate global sobre la salud de las democracias se ha centrado en cómo hacerlas más inclusivas, participativas y cercanas a la ciudadanía. Sin embargo, en la República Dominicana parecemos transitar la dirección opuesta. La combinación de dos fenómenos políticos, la asfixia a las candidaturas independientes y el uso estratégico de las reservas de candidaturas, configura lo que muchos analistas ya califican como un preocupante retroceso democrático: el establecimiento de un oligopolio donde solo los partidos tradicionales tienen la llave del poder.
La eliminación de las candidaturas independientes o las trabas burocráticas y legislativas que en la práctica equivalen a su desaparición, tiene una consecuencia directa sobre el tejido social: obliga a los líderes comunitarios y sociales a integrarse a la maquinaria de los partidos tradicionales.
Aquellos líderes locales que han construido su legitimidad trabajando directamente con la gente, defendiendo sus barrios o promoviendo causas ambientales y sociales, se enfrentan a un dilema ético y práctico. Si quieren postularse para cambiar sus comunidades desde el ayuntamiento o el Congreso, el sistema los empuja a someterse a las cúpulas de partidos en los que muchas veces no creen. Al eliminar la vía independiente, se anula la pluralidad y se castiga la disidencia ciudadana, forzando a todo liderazgo emergente a pasar por el aro de las estructuras partidarias tradicionales.
Por otro lado, la figura de las reservas de candidaturas representa la otra cara de la misma moneda. Aunque la ley prevé este mecanismo con intenciones teóricamente organizativas o para facilitar alianzas estratégicas, la realidad de su aplicación es mucho más oscura.
En la práctica, las cúpulas partidarias utilizan las reservas como un mecanismo de control vertical para limitar el acceso de candidatos legítimos a los puestos de elección popular. Cuando un partido "reserva" una plaza, a menudo está blindando a un dirigente de la vieja guardia, pagando un favor político o protegiendo los intereses de un financiador del partido, dejando fuera a los líderes comunitarios o jóvenes promesas que se han ganado el apoyo de las bases mediante el trabajo de campo. Es una herramienta que debilita la democracia interna y perpetúa el statu quo.
Esta realidad ha sido duramente criticada en la República Dominicana porque rompe de manera frontal con la tendencia internacional. Mientras que en gran parte de América Latina y el mundo se abren canales para que los movimientos ciudadanos y las candidaturas independientes refresquen los Congresos y las alcaldías, en el plano local se ha optado por blindar el sistema de partidos contra cualquier "intruso" ciudadano.
El episodio más ilustrativo y doloroso de esta pugna ocurrió recientemente. En un fallo histórico, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia en la que acogía y protegía las candidaturas independientes, una decisión que fue ampliamente aplaudida por la sociedad civil, colectivos sociales y la comunidad jurídica como una victoria de los derechos políticos fundamentales.
Sin embargo, la respuesta de la clase política fue tan rápida como decepcionante. En un despliegue de corporativismo político, los principales partidos tradicionales se pusieron de acuerdo de manera unánime para modificar la ley y saltarse el espíritu de la sentencia, blindando nuevamente sus privilegios. Este pacto de conveniencia demostró que, cuando se trata de defender el monopolio del acceso al poder, las diferencias ideológicas de los partidos dominicanos desaparecen.
Una democracia sin ciudadanos libres de elegir y ser elegidos no es una democracia plena; es un sistema de privilegios gestionado por una franquicia partidaria.
El blindaje de los partidos dominicanos frente a las candidaturas independientes y el abuso de las reservas no es solo un asunto de tecnicismos legales; es un síntoma de debilidad democrática. Al cerrarle las puertas a la ciudadanía independiente, los partidos no se fortalecen; al contrario, se aíslan de la sociedad a la que juraron representar. El desafío futuro de la sociedad civil dominicana será seguir presionando para romper este cerco y devolverle a la política su verdadero sentido: un espacio de servicio accesible para todos, y no un club privado exclusivo para unos pocos.
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