SANTO
DOMINGO.- Durante allanamientos realizados de manera simultánea en la
oficina y puestos de servicios de la compañía de seguridad privada Security
Protection Center (SECPTER), localizadas en el Gran Santo Domingo y Santiago,
la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas incautó 91
armas de fuego de diferentes tipos y calibres y arrestó a 70 personas para
entrevistarlas respecto al caso.
Al ofrecer
los detalles de la incautación mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que persigue al gerente general de la compañía, el señor Nelson
Rafael Mejía Ovalles, un exoficial dado de baja del Ejército de República
Dominicana en 1993, quien se encuentra prófugo.
Explicó
respecto a las armas, que en total fueron ocupados 34 escopetas, 50 pistolas y
siete revólveres, así como una cantidad indeterminada de municiones de
diferentes calibres, un juego de dador para el retrancamiento de armas de fuego
y un carro Hyundai propiedad de la empresa, los cuales se encuentran en poder
del Ministerio Público.
La
institución precisó que procedieron a la incautación de las armas y municiones
en virtud de que la compañía no contaba con licencia para operar, además de que
las armas no tenían ningún tipo de documentación, las marcas eran ilegibles,
retroqueladas o clonadas.
Además,
porque durante la investigación se ha establecido que dicha empresa está
relacionada a una compañía propiedad de una persona condenada por narcotráfico
como lo es el excoronel Fernández Valerio, sentenciado a 20 años de prisión por
violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El Ministerio
Público destacó que esta acción es el resultado de las estrategias
implementadas en el marco del plan de trabajo institucional puesto en marcha
por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, para enfrentar con
efectividad el tráfico ilegal de armas de fuego y tener mayor control de las
compañías de seguridad privada que operan sin permiso, siendo esta la treceava
entidad de este sector que es intervenida desde el pasado año por actividades
ilegales.
En ese orden,
dijo que esa operación se realizó como parte de los trabajos que realizan en
coordinación con diversas instituciones para la prevención del crimen y los
delitos, ya que en la medida que se controla el negocio ilegal de las armas de
fuego, en ese mismo sentido se puede controlar y prevenir con mayor efectividad
la delincuencia y los demás actos delictivos.
La
Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la
magistrada Maura Martínez, detalló que la operación fue realizada mediante la
orden judicial No. 0058-JUNIO-2018, emitida el pasado 26 de junio de 2018 por
la coordinación de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que
fuera aplicada en la oficina principal de dicha empresa que funciona en la
capital y en todos sus centros de servicios que funcionan en las referidas
localidades.
Señaló que
esta actividad ilegal constituye una violación a los artículos 3, 45, 46, 48,
50, 51, 66, 67 y 70 de la Ley No. 631 sobre Armas, Municiones y Materiales
Relacionados y la Ley 34-89 sobre Aduanas.
El comunicado
destaca que miembros del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría
Especializada para el Control y Tráfico de Armas junto a fiscales
del Distrito Nacional llevaron a cabo la operación, cuya labor de inteligencia
fue realizada por el J-2 de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor
Conjunto del Ministerio de Defensa, la Fuerza de Tarea Ciudad
Tranquila (CIUTRAN), miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la
Policía (DICRIM), la Policía Preventiva y la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Se destaca
que la Procuraduría Especializada en Control y Tráfico de Armas en una acción
conjunta con la Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de
Defensa, ha investigado y sometido a la justicia a 12 empresas de seguridad
privada, y en dos de los casos ya se han obtenido sentencias definitivas.