VILLA CENTRAL, BBARAHONA.- El 23 de este mes de
agosto, se comenzarán a ventilar tres expedientes en la segunda Cámara
Civil, Comercial y Laboral del juzgado de Primera Instancia de Barahona, de
igual número de exempleados “cancelados de manera forzosa y bajo presión por la
administración del Consorcio Azucarero Central (CAC).
El pasado jueves, los exempleados y la empresa azucarera
trataron de conciliar, para no ventilar los expedientes, pero no fue posible.
Los tres empleados en sumatoria con casi 50 años de
servicios en el CAC, luego de ser despedidos renunciando a todos los beneficios
adquiridos, se constituyeron en abogado para acusar a la empresa ante los
tribunales.
Solicitan reintegro e indemnización complementaria a la
empresa azucarera, que según las informaciones extraoficiales habría sido
desfalcada con más de RD$92 millones, pero guardan un absoluto silencio.
Los ex empleados, Orquídea Flora Batista, Wagner Matos y
Edwin Gómez, buscaron los servicios del abogado Carlos Julio Féliz Vidal para
reclamar lo que entienden les corresponde.
Batista y Matos laboraron por 19 años cada uno, mientras
que Gómez, lo hizo por 14.
“Lo correcto en estos casos es que se reclamen las
prestaciones, porque los contratos no han terminado de manera válida, han
terminado sin prestaciones laborales y eso es lo que cuestionamos. Nuestro
espíritu no es perseguir la empresa, sino que le reconocieran sus derechos y
esa propuesta se hizo y no obtuvimos la respuesta indicada, por lo que acudimos
a la vía judicial”, explicó Féliz Vidal.
El letrado aclaró que hace cuatro años fue el jurídico
del CAC, pero que ahora defiende a los ex empleados no por retaliación ni en
busca de hacer daño ni dinero, sino porque entiende que los ejecutivos de la
empresa azucarera han violado todos los preceptos de sus trabajadores.
Denunció que el CAC ha manejado el proceso con una firma
de abogado de Santo Domingo, lo que calificó de inusual en la empresa.
“En el tiempo que yo estuve en el Consorcio había una
línea muy clara sobre el respeto a los derechos humanos de los trabajadores y
si hay un caso que se distancia de eso y me llega a mi oficina, donde se ve que
las cosas no están bien, pues claro, procuramos una salida amigable con los
tres dominicanos, porque no estamos representando a los extranjeros ahí, cuando
el mismo convenio colectivo del Consorcio establece que cuando un trabajador
pretende renunciar a la empresa, trabaja un preaviso y la empresa le da el 50%
de prestaciones laborales, pero en el caso de ellos, no tienen un peso de
prestaciones laborales, lo que significa que son tontos, que son idiotas, que
con 19 años renuncian a cientos y miles de pesos, que algunos de ellos les
corresponde más de un millón de pesos y usted renuncia sin tener otro puesto de
trabajo, por nada, hay que entender que no es una renuncia”, sostuvo Féliz
Vidal.
Calificó el caso de muy grave, por lo que decidió
defender a los ex empleados, porque entiende que se le debe buscar una salida o
una solución.
“A Orquídea la pusieron a renunciar porque ella es esposa
de uno de los extranjeros que supuestamente la empresa considera, que
participó en una actividad que le perjudicó económicamente, y
aunque sea esposa del extranjero, hay que desvincularla y a ella la ponen a
renunciar; el caso de Wander es que después de una interrogación de cuatro y
cinco horas, lo que le dicen es que alguien cobró una determinada suma de
dinero y él ayudó a llenar un formulario y ese es el cargo y eso nada tiene que
ver con el fraude; y en el caso de Edwin, tampoco tiene que ver con ese
proceso, y se le acusa porque en diciembre del 2018 alguien supuestamente le
puso en su cuenta una suma de dinero, pero eso era una gratificación”, sostuvo
Féliz Vidal.
Calificó de cuestionable que el CAC, al ver supuestas
faltas en los empleados no los cancele, sino que los ponga a renunciar.
“En todo caso, si tienen falta tus trabajadores tú los
despides, tú no los pones a renunciar, que es lo que veo muy cuestionable, pero
tampoco los somete bajo el imperio de la fuerza de seguridad que para ir
al baño tenía que ser con un guardia, para mí el caso se salió de lo que es
ordinario, de lo que es típico, de lo que es humano, porque lo digo, el
empleador tiene derecho a despedir a sus empleados de manera justificada sin
prestaciones, una cultura que yo no comparto, porque creo que las prestaciones
laborales deben ser derecho adquirido que no puede perderse por una falta
posterior, pero la ley es la ley”, considera el abogado.
Dijo que se desconoce la cantidad de dinero del supuesto
fraude cometido contra la empresa, pero duda que la mismo alcance los RD$100
millones.
Sostuvo que no tiene forma de como determinar la cantidad
de dinero envuelta en el supuesto desfalco, pero sí que ha habido mucho morbo.
Uno de los supuestos fraudes consiste en que se pagaron
obras que supuestamente se habrían contratado, pero nunca realizadas.
“La empresa no ha dicho a nadie, públicamente, si le
faltan RD$100 millones, eso no lo he leído que ningún ejecutivo lo haya dicho,
esos son datos muy internos que la empresa es la que los maneja, lo que ha
pasado es que se ha filtrado información y la gente especula mucho en torno a
eso, creo que la empresa ha querido tener más celos, ha querido dar un ejemplo,
ha querido sancionar y se ha equivocado sancionando, especialmente con los
dominicanos, porque no puedo hablar de los extranjeros porque no los
represento, con respecto a esos tres dominicanos, la empresa debe resolver esa
situación”, consideró Féliz Vidal.
En la audiencia de conciliación, el abogado y los
exempleados tenían la esperanza de que el CAC hiciera una propuesta razonable y
conciliaran los tres casos para evitar ir a juicio de fondo, pero no fue así.
Ahora comenzaran las discusiones, discutirían el fondo
del proceso, incorporarán las pruebas y derivarán con lo que ocurra en esa fase
de presentación de pruebas si hubo o no la renuncia que se comunicó al
Ministerio de Trabajo el CAC, si fue voluntaria o si fue bajo coacción.
Expresó que le guarda mucha consideración al CAC porque
tiene una empleomanía importante en el Sur, además del servicio social que
ofrece en las provincias que opera.
“Yo creo que la empresa en este caso concreto ha tenido
asesorías externas muy negativas, esas asesorías no han tomado en cuenta que es
una industria azucarera y que produce un alimento y ese alimento sale del país
y que la construcción de riquezas, conforme a los convenios internacionales que
tenemos de los derechos humanos, tiene que hacerse siempre bajo el respeto de
la dignidad del trabajador”, precisó.
Tomado
de: Armario Libre