SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral
(JCE) y la Procuraduría General de la República (PGR) firmaron este lunes un
acuerdo interinstitucional de cooperación que busca establecer el voto
penitenciario para las elecciones generales de 2024.
El acuerdo fue firmado en la sede la JCE por
su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, y por la procuradora general de la
República, Miriam Germán Brito, en presencia de los miembros titulares del
Pleno Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia
Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario General, Sonne Beltré
Ramírez, además del director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio.
Jáquez Liranzo destacó la importancia del
apoyo para la identificación de la identidad a través del mecanismo de biometría
porque permitirá, primero, que los privados de libertad de manera preventiva
que no tienen la pérdida de ningún tipo de derecho fundamental salvo lo propio
que señala el proceso penal, puedan ejercer el sufragio activo para las
elecciones de 2024 tal y como existe en otros países el voto penitenciario.
Agregó que el acuerdo también permitirá
depurar el padrón del sistema carcelario excluyendo a todas las personas
juzgadas ya de manera definitiva e irrevocable.
Germán Brito destaca convenio a favor de las
personas desfavorecidas de la sociedad.
De su lado, la procuradora general de la
República, Mirian Germán Brito, destacó la importancia del convenio
considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de
personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto
por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.
“La cuestión del derecho al voto tiene una
larga historia de exclusión. Por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por
muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto.
Esto es importante porque esas personas
sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza en favor de tal o cual
candidato que creen que responde mejor o tiene mayor preocupación por su situación”,
dijo Germán Brito.
Colaboración interinstitucional en el proceso
del establecimiento del voto penitenciario
En el convenio, el Ministerio Público
establece que requiere de la implementación de un Sistema multibiométrico que
facilite la gestión, resguardo y consulta, para fortalecer la identificación de
personas e imputados, además del control
de privados de libertad, en los procesos de investigación, judicialización o de
privación de libertad, permitiendo incrementar la capacidad y calidad persecutora
limitando las acciones de los delincuentes y criminales que traten de ocultar
su verdadera identidad al ser detenidos o investigados.
En el acuerdo la JCE se comprometió a apoyar y
colaborar con equipos y sistemas informáticos al Ministerio Público.
Para el funcionamiento de la modalidad del
acceso a la información, tanto la JCE como la PGR se comprometieron a
desarrollar una interfaz de consulta para que el órgano judicial pueda acceder
al Archivo Maestro de Cedulados vía web, a través de una aplicación creada para
consultar en línea durante procesos de empadronamiento, identificación o
actualización de identificación de personas de manera que pueda tener acceso a
cualquier registro de la Base de Datos, incluyendo información biométrica en
modalidad de consulta.
De su lado, el Ministerio Público se comprometió a disponer de las facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información biométrica procurando el aprovechamiento máximo, tanto de los equipos como de los mecanismos provistos por la JCE para procurar la identificación e individualización de personas, imputados y privados de libertad.
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