miércoles, 13 de mayo de 2015

Alguaciles podrían hacer ejecuciones sin solicitar fuerza pública a partir de julio

SANTO DOMINGO.- A partir del mes de julio de este año los alguaciles ya no necesitarían el auxilio de la fuerza pública, que establece la Resolución No. 14379-5, del once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), dictada por la Procuraduría General de la República para realizar ejecuciones forzozas, en virtud de la entrada en vigencia de la sentencia  0110/2013, emitida por el Tribunal Constitucional el 4 julio del 2013 que declaró la inconstitucionalidad de la referida normativa.
La sentencia  0110/2013 difirió por dos años los efectos de la anulación por inconstitucional de la mencionada resolución, a fin de que el Congreso Nacional emanara una legislación para regular la forma “en que el Poder Judicial ejercerá la facultad ejecutiva jurisdiccional que dimana del párrafo I, del artículo. 149 de la Constitución” en virtud de que ” la ejecución de las sentencias participa del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.
Asimismo, el tribunal fundamentó la suspensión de los efectos de la sentencia entendiendo que “existe un vacío en materia de ejecución forzoza” y le exigía al Congreso que resuelva la situación en el plazo indicado.
Sin embargo, vencido el plazo establecido en la sentencia, el Congreso no ha obtemperado a la exhortación realizado por la Corte Constitucional.

Fiscal del Distrito Nacional advierte no dará más fuerza pública

La Fiscal Títular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Aquino, advirtió a través de su cuenta de Twitter que una vez haya vencido el plazo otorgado por la sentencia esa institución no otorgará más fuerza pública.

El Conep

El  Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se ha manifestado en contra de la forma en se realizan los embargos en país alegando que “afectan a la industria turística” y  “va en detrimento de la inversión extranjera en el país”.
En palabras de su vicepresidente ejecutivo, Rafael Paz Familia, “Estos procesos además de crearles una pésima imagen del país a los turistas, generan desconfianza y un clima de inversión inseguro. Ya lo hemos dicho reiteradas veces para mitigar este tipo de acciones ilícitas e inescrupulosas, definitivamente, hay que modificar el código”.
Fuente: podermediatico