SANTO DOMINGO.- Opción Democrática condena el despilfarro de fondos públicos, el cual
resulta nocivo para los dominicanos, sobre todo cuando parte del ente llamado a
regular a todas las instituciones púbicas en la República Dominicana, la Cámara
de Cuentas.
La Cámara de Cuentas ha manejado irresponsablemente millones de pesos
dominicanos. Entre los gastos injustificables por los que deberán dar respuesta
podemos mencionar:
§
Un aumento de salarios que, en el caso del
presidente del organismo, eleva su salario en RD$73,500.00 adicionales. De modo
que Hugo Francisco Álvarez, que antes ganaba RD$350,000.00 pasa a devengar
RD$423,000.00. Fuera del presidente, los demás miembros del pleno
se auto-asignaron de “bonificación” dos sueldos completos de RD$350,000.00 y
RD$313,000.00, respectivamente, que eran los salarios que percibían
mensualmente antes del aumento de los RD$73,500.00 y RD$65,700.00 que se
hicieron en el mes de enero.
§
Un subsidio de RD$80.00 diarios a los empleados que hagan uso del servicio
de la cafetería.
§
La suma de RD$55,359,678.14 repartidos el 15 de
diciembre de 2017, una semana después de haber recibido la regalía pascual y
cinco días antes del pago de la nómina de ese mes, lo que significa que solo en
ese mes recibieron cuatro sueldos.
Estas cifras, en su mayoría ya confirmadas por la misma
Cámara, laceran lo más hondo de un pueblo empobrecido, sumido cada día más en una
crisis económica fruto del mismo descontrol del uso de los fondos públicos, así
como el creciente nivel de la deuda internacional.
Es igualmente bochornoso que en la Cámara de Diputados,
pese a ser aprobado en el orden del día miércoles 4 de marzo, dejaran
fuera de la agenda la propuesta de una resolución para interpelar a los
miembros de la Cámara de Cuentas ante el Congreso Nacional, conforme establece la
Constitución de la República Dominicana en sus artículos 93, 94 y 95.
En Opción Democrática rechazamos el manejo generalizado
de los recursos públicos en las gestiones del presidente Danilo Medina y nos
comprometemos a un gobierno donde el uso del erario público esté siempre
apegado a las leyes y la Constitución, en beneficio de todo el pueblo
dominicano.