INTERNACIONAL.- El fiscal general Jeff Sessions ordenó
a los jueces migratorios rechazar las peticiones de asilo de aquellos
inmigrantes que alegan violencia de pandillas o doméstica, al considerar que se
trata de “delitos privados” que no son motivo para otorgar el beneficio
migratorio.
“En general, los reclamos de extranjeros relacionados con
violencia doméstica o violencia de pandillas perpetrados por actores no
gubernamentales no calificarán para el asilo”, escribió Sessions en su
decisión.
“El mero hecho de que un país tenga problemas para
vigilar eficazmente ciertos delitos, como la violencia doméstica o la violencia
de pandillas, o que ciertas poblaciones sean más propensas a ser víctimas de un
delito, no puede por sí mismo establecer una solicitud de asilo”, afirmó.
En la decisión oficial dada a conocer por el Departamento de
Justicia (DOJ) se justifican los
aspectos destacados por el fiscal Sessions.
“Las leyes de inmigración de nuestro país estipulan que
se otorgue asilo a las personas que han sido perseguidas o que tienen un temor
bien fundado de persecución, debido a su pertenencia a un ‘grupo social
particular’, pero la mayoría de las víctimas de delitos personales no lo
son, no importa cuán viles sean los delitos contra ellos“, indica el DOJ.
La postura, afirma, no miniza el dolor de las víctimas
que sufren violencia doméstica, pero defendió que el asilo deberá ser otorgado por
motivos demostrables de persecución, como “castigo” a pertenecer a grupos en
particular.
“En primer lugar, el solicitante debe demostrar su
pertenencia a un grupo, que se compone de miembros que comparten una
característica inmutable común, se define con particularidad y es socialmente
distinta dentro de la sociedad en cuestión. Y segundo, la membresía del
solicitante en ese grupo debe ser una razón central para su persecución”, se
argumenta.
Luego especifica una condicionante clave: el gobierno del
solicitante de asilo no quiere proteger a la víctima o no puede protegerla,
pero eso también deberá demostrar el inmigrante.
Sobre la violencia doméstica, el DOJ indica que el
gobierno de los EEUU mantiene su postura en contra de este crimen, el cual
califica de “privado”.
Beth Werlin, directora ejecutiva del American Immigration
Council, criticó la decisión del gobierno del presidente Donald Trump.
“La decisión del Procurador General, si se le permite
permanecer en pie, sin duda dará como resultado el envío de incontables madres
y niños a sus abusadores y pandillas delictivas”, apuntó en un
comunicado. “Dar la espalda a las víctimas de la violencia y deportarlas a
un peligro grave no debería ser el legado que busca cualquier administración”.
Previo a darse a conocer su decisión, el fiscal Sessions
acusó que los inmigrantes indocumentados abusaban de la figura de
asilo para permanecer en los EEUU.
Denise Bell, investigadora de los derechos de los
refugiados y migrantes en Amnistía Internacional EEUU también cuestionó la
decisión de Sessions.
“Esta decisión despiadada lleva los ataques constantes y
continuados a los solicitantes de asilo un paso más allá al dirigirse
específicamente a las personas que buscan seguridad contra la violencia
doméstica o de pandillas”, indicó. “¿En qué mundo Estados Unidos le da la
espalda a las personas que han sufrido persecución, trauma y angustia extrema
por la violencia doméstica o de pandillas? Las familias que buscan
seguridad merecen nuestra compasión“.