SANTO DOMINGO.- Desde el primero de julio las entidades de
intermediación financiera (EIF) dominicanas pueden proveer de productos y
servicios financieros a venezolanos que viven en el país cuyos pasaportes hayan
expirado. Así lo dejó establecido la Superintendencia de Bancos (SB) mediante
la Circular SB: No.012/21, publicada el pasado jueves.
La medida se corresponde con la resolución No. 02-DGM-2021,
emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de
Migración el 19 de enero pasado, que busca normalizar el estatus migratorio de
los nacionales venezolanos que están en territorio dominicano mediante la
categoría migratoria de no residente, y les permite, a ellos y a sus hijos, la
utilización de pasaporte vencido.
Esta directriz, impulsada por el presidente Luis Abinader,
fue reconocida la semana pasada por el Departamento de Estado en el vigésimo
primer informe anual sobre la trata de personas (TIP), documento en que se
valora positivamente el apoyo que el país le ha dado a la población venezolana
vulnerable.
Con la circular, la superintendencia, además, responde a la
consulta de las entidades reguladas sobre las vías pertinentes para hacer
frente al vencimiento del pasaporte de muchos de sus usuarios actuales y
potenciales, partiendo de las estipulaciones del instructivo de debida
diligencia.
Según la disposición, las EIF, los intermediarios cambiarios
y las fiduciarias podrán aceptar el pasaporte y la cédula expirados de
nacionales venezolanos que se encuentren en territorio dominicano como
documentos válidos de identificación.
Los prestadores de servicios también deberán instruir a su
personal en el proceso de vinculación y atención de clientes sobre las
disposiciones establecidas en la circular.
La normativa precisa que la validez de los documentos
vencidos aplica a todos los ciudadanos venezolanos, independientemente de si su
portador esté o no en el proceso de normalización establecido por la DGM.
Se espera que la iniciativa ayude a reducir la exposición de
esta población a la informalidad producto de la exclusión financiera, cuyos
efectos pueden ser explotación salarial y laboral, usura, barreras a la
protección social y sanitaria, limitaciones educativas, entre otros.
En la presentación de la circular, el canciller de la
República, Roberto Álvarez, dijo que esta medida busca viabilizar el proceso de
normalización migratoria. Agregó que con ello se quiere además fortalecer el
combate contra la trata y el tráfico ilícito de personas, al otorgar a los
migrantes venezolanos mayor seguridad y autonomía.
El superintendente Alejandro Fernández W. indicó que la
circular es una muestra del firme compromiso de la institución que dirige de
diseñar e implementar políticas públicas que permitan el acceso al sistema
financiero formal, como lo estipula el cuarto eje de su plan estratégico.
A pesar de que la República Dominicana actualmente no
reconoce gobierno legítimo en Venezuela, el Estado mantiene el interés de
mitigar los perjuicios que los inmigrantes venezolanos pudieran experimentar
producto de la imposibilidad de obtener o renovar pasaportes y cédulas de
identidad emitidos por su país de origen.
Fuente: diariolibre