viernes, 17 de septiembre de 2021

Jueza ratifica prisión en Najayo a exdirector Lotería y otros imputados de Operación 13

SANTO DOMINGO.- La jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, ratificó este viernes todas las medidas de coerción impuestas a los encartados de la Operación 13, un caso que el Ministerio Público ejecuta para condenar a varias personas por un supuesto fraude armado desde la Lotería Nacional.


Con la decisión de la jueza, se mantendrán en prisión Luis Maisichell Dicent, exdirector de la Lotería, Eladio Batista y William Rosario. Mientras que Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio se mantendrán con arresto domiciliario y localizadores electrónicos.


La jueza Vásquez decidió mantener tras las rejas a Dicent y otros dos encartados tras acoger todos los argumentos del Ministerio Público que acusa a los implicados de representar peligro de fuga y destrucción de pruebas, en caso de ser dejados en libertad.


Los imputados de la Operación 13 que cumplen arresto domiciliario solicitaron a la jueza que les mantenga la misma medida y se comprometieron a seguir colaborando con el Ministerio Público, mientras que los apresados en la cárcel de Najayo pidieron que los dejen en libertad por no representar peligro de fuga ni evasión, según alegaron.


En la audiencia, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, explicó que las medidas de coerción se deben mantener inalterables porque “en la evolución del proceso se pueden empeorar las cosas” si los imputados que guardan prisión son dejados en libertad.


Al hablar a la jueza, Camacho mostró en la audiencia decenas de evidencias para fortalecer sus argumentos y propiciar que los encartados queden con las mismas medidas que dictó la jueza Kenya Romero al conocer por primera vez el escándalo de supuesto fraude.


Para rebatir estos alegatos, los abogados de William Rosario, apresado en Najayo por el caso, adujeron que el Ministerio Público intenta desmeritar las pruebas del imputado y busca que la jueza sólo acoja las evidencias articuladas por la Procuraduría.