BARAHONA.- Aunque la frecuencia de las peleas entre personas recluidas
en la cárcel pública de Barahona no es sistemática, cuando estas se producen en
el recinto carcelario, evidencian la grave crisis existente en el sistema
penitenciario de la República Dominicana.
Una cruda realidad de una infraestructura carcelaria que
data de la dictadura en donde, más que tener ciudadanos o ciudadanas purgando
prisión por hechos cometidos, lo que hay son personas amontonadas que carecen
de las mínimas condiciones de higiene y de salubridad.
Los “pleitos” entre reclusos indican las condicionantes
infrahumanas de esta cárcel: la cual está marcada por hacinamiento, precariedad
y, pese a los esfuerzos, al menos mediáticos de las autoridades, su abandono es
más que evidente.
Quizás, sea esta la razón para no permitirle a la prensa
conversar con el alcaide de la prisión, sin previamente solicitarlo mediante
comunicación a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y
Correccionales (DGSPC), por parte del medio o periodista solicitando la entrevista
y sentarse a “esperar autorización para hablar sobre la situación de esta
cárcel”, ha dicho un funcionario que gestionaba una entrevista con el
funcionario de la prisión local a este reportero.
La cárcel pública carece de elementales servicios: servicios
médicos adecuados, cuando el privado de libertad presenta alguna dificultad hay
que llevarlo a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario porque
el recinto no cuenta esta atención básica ni hablar de las condiciones de
hacinamiento e insalubridad en el recinto carcelario.
Por tanto, estamos frente una “bomba de tiempo”, incluso
para quienes la vigilan, dada su condición de abandono en que se encuentra es
lo que más se parece a un “almacén de hombres vivos, pero muertos en vida”, una
seria violación de la condición humana.
Sobrepoblada
La cárcel data de la dictadura (se construyó en 1955), hace
69 años, para alojar a una población carcelaria de 200 internos, quienes deben
cumplir allí sus condenas por diversos delitos, pero actualmente triplica esa
cantidad de personas privadas de su libertad.
La cantidad de presos, los cuales cumplen condenas por
diferentes delitos es de 682, de ellos 190 ya tienen una condena firme,
mientras el mayor número de los privados de su libertad de forma preventiva
suman 492 internos.
Esta sobrepoblación en el recinto hace que las condiciones
de higiene y de salubridad no respondan al respeto de la dignidad humana y, por
lo tanto, resultan inaceptables desde el punto de vista de los derechos humanos
de los privados de la libertad, la cual requiere de una urgente intervención.
El pasado año 2023 teníamos una población carcelaria de 637
personas albergadas en la cárcel pública, aumentando el número de los privados
de libertad en el actual 2024 en 45 nuevos internos.
Falta de higiene
La cárcel carece de un nivel adecuado de higiene, con
debilidades muy serias en la recogida de la basura, constituyendo un foco de
contaminación que pone en riesgo la salud, no solo para los internos, sino para
quienes velan por el “buen funcionamiento” de la prisión.
La prisión carece de servicios básicos: baños adecuados,
agua corriente y basura por doquier, incluso en sus alrededores los
desperdicios y el hedor pueden percibirse a simple vista, lo que supone una
amenaza para la salud de los internos.
Pese a los altos niveles de insalubridad en que se
encuentran los privados de libertad, dado el nivel de control de la
información, se desconocen sobre brotes de enfermedades, aunque es frecuente
que los internos sean llevados a la emergencia del Hospital Regional Docente
Universitario Jaime Mota, por presentar complicaciones en su salud.
Se quejan, además, de un problema serio de contaminación del
centro de reclusión de esta prisión, porque la situación de hedor empeora
cuando revientan las cloacas, lo que podría provocar brotes de enfermedades
entre los reclusos, pero no trascienden por el control estricto de la
información.
Video vigilancia
Se hizo ingentes esfuerzos por obtener información sobre la
realidad de la prisión, a través de terceros pudimos recabar algunas cosas,
incluso de privados de libertad que denuncian las condiciones infrahumanas en
que purgan condenas.
A estos niveles de falta de higiene, hacinamiento e
insalubridad en la cárcel local, se torna más complicado aún, porque más allá
de la seguridad de hombres y mujeres, que vigilan a los internos, no hay
cámaras de video vigilancia.
A cambio del resguardo de su identidad un miembro de la
Dirección Regional Sur de la Policía Nacional con asiento en Barahona, dijo que
solo hay cámaras de vigilancia en el perímetro en los alrededores de la
prisión, pero no funcionan lo suficiente para asegurar a las personas privadas
de su libertad.
En el pasado se han producido fugas de reclusos y como la
prisión queda dentro de la población, personas que viven en los alrededores han
sido baleadas en persecución de los privados de libertad, despertando un
movimiento en los actores sociales que exigen el traslado inmediato de la
cárcel a otro lugar.
Comida: Poquita y de mala calidad
Otra queja de los internos está relacionada con la
alimentación, pues se quejan porque la comida servida a los reclusos carece de
los nutrientes necesarios y de la cantidad suficiente para alimentarlos bien
(reclusos), según personas que guardan prisión, a las cuales contactamos a
través de familiares.
Internos contactados a través de amigos y familiares,
expresan, además, su inconformidad porque, en ocasiones la comida no rinde, por
lo que se quedan sin ingerir alimentos.
De igual modo, denuncian que cuando están en audiencia
tampoco tienen comida porque no hay un mecanismo que garantice guárdasela a
aquellos que son trasladados al tribunal, una situación que provoca dormir sin
comer en caso de no tener familia que le lleve comida.
Otra realidad de la cárcel pública de Barahona y que hacen
más inhumano el sistema carcelario, que no todos los días hay las tres
calientes: desayuno, comida y cena, solo hay garantía de la primera (almuerzo),
pero no en cantidad y en la calidad suficiente.
Un negociazo
Privados de libertad que accedieron a contar la realidad del
“infierno” en que pasan sus días en la prisión de esta ciudad, pero a través de
parientes, amigos o familiares, ya que tienen temor de que se tome represalia
en su contra, dijeron que conseguir un espacio para dormir es toda una odisea.
Una goleta (habitación) se vende a precios increíbles, que
oscilan entre RD$ 150,000 y RD$200,000.
Cuando algún prisionero cumple su condena desde la calle
continúa cobrando su “goleta” o habitación adquirida cuando purgaba condena.
Eso hace que los privados de libertad que carecen de
recursos, no tienen familias o simplemente han sido abandonados deben dormir en
el sueño, incluso en su gran mayoría en los inservibles, deteriorados y mal
olientes sanitarios de la prisión.
Una nueva cárcel
Barahona, como toda la Región Enriquillo, hay una real
necesidad de construir nuevas y modernos centros penitenciarios, los cuales
deben funcionar bajo el esquema del nuevo modelo.
A finales del pasado noviembre el presidente Luis Abinader,
al juramentar los comités de apoyo a la “reforma penitenciaria”, esta incluye
construir nuevas cárceles, incluso reveló ya las contempla el Presupuesto de
2025.
Sin embargo, el pasado procurador general de la República,
Jean Alain Rodríguez, el 24 de enero de 2019 dejó iniciados los trabajos de
construcción del Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con
la Ley Penal de aquí, como parte del “Plan de Humanización del Sistema
Penitenciario” ejecutado en todo el país, el cual no terminó la gestión del
expresidente Danilo Medina ni alcanzó el tiempo durante el primer período de
Abinader. El proyecto carcelario sigue paralizado.
Hace décadas que la sociedad de Barahona exige a los
distintos gobiernos que han dirigido el Estado, se construya una nueva cárcel
en esta ciudad, pero sus reclamos no son escuchados, porque la actual
representa un peligro para la seguridad de la población, sobre todo, aquellas
familias que viven al lado de la cárcel.
Por Benny Rodríguez / listindiario
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