WASHINGTON.- En vísperas del feriado por el “Día de
Acción de Gracias”, el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) anunció este lunes la cancelación del Estatus de Protección Temporal para
unos 59,000 haitianos, con una demora de 18 meses, hasta julio de 2019,
para permitir una “transición ordenada” para quienes perderán el
beneficio que los protege de la deportación.
Durante una conferencia telefónica con periodistas,
funcionarios de alto rango del DHS dijeron desde el anonimato que la secretaría
de Seguridad Nacional, Elaine Duke, ha decidido cancelar el TPS para Haití,
otorgado tras el devastador terremoto de 2010, por considerar que las
“condiciones extraordinarias temporales” que lo justificaron “ya no existen”.
Sin embargo, Duke también otorgó una demora de 18 meses
para permitir una “transición ordenada” para que el gobierno de Haití pueda
prepararse para la “reintegración y retorno de su gente”.
Los funcionarios consideraron que esa ventana es tiempo
suficiente para que los haitianos afectados puedan arreglar sus asuntos
en EEUU y preparar su salida.
En ese período, la Oficina de Servicios de Inmigración y
Ciudadanía (USCIS) trabajará con el Departamento de Estado y otros
componentes del DHS y el gobierno de Haití para explicar el alcance de la
decisión y “facilitar una transición ordenada”, insistieron.
Preguntado por este diario sobre si los haitianos serían
blanco de detención y deportación en este período, un funcionario dijo que el
TPS se mantendrá en vigor para esta comunidad de “tepesianos” hasta el 22 de
julio de 2019 y los haitianos que continúen reuniendo los requisitos del
programa “no serán elegibles para acciones de deportación”.
Asimismo, aseguraron “sólo el Congreso puede tomar
acción” para resolver de forma permanente la situación de los más de 320,000
“tepesianos” que quedarán expuestos a posibles trámites de deportación una vez
que venzan sus permisos.
Los funcionarios no quisieron detallar las
consultas que hizo Duke con numerosas fuentes y agencias del gobierno
para tomar su decisión, pero indicaron que éstas fueron “constructivas”.
Duke se reunió recientemente en Washington con el
canciller y el embajador de Haiti, Antonio Rodrigue y Paul Atidor,
respectivamente, para discutir el asunto, según informaron.
Sobre qué pasará con los hijos nacidos en EEUU de
haitianos amparados al TPS, otro funcionario dijo que las familias afectadas
tendrán que determinar “caso por caso” su situación particular, buscar
alternativas legales para permanecer en este país mediante un ajuste
migratorio, o solicitar beneficios migratorios adicionales.
Se calcula que, en su conjunto, los más de 320,000
inmigrantes de diez países amparados al TPS tienen más de 270,000 hijos
nacidos en EEUU. De éstos, 27,000 son hijos de inmigrantes
haitianos, según un
informe sobre quiénes son los “tepesianos”, hecho por el Centro para el
Progreso Estadounidense (CAP).
Horas antes del anuncio, expertos cívicos y religiosos
urgieron al presidente Donald Trump a que, como gesto de buena fe por el “Día
de Acción de Gracias”, extendiese por 18 meses el TPS para los haitianos, al
señalar que Haití no está listo para recibir a quienes puedan ser
deportados.
También señalaron, en declaraciones a este diario, que el
Congreso debe buscar una solución permanente, si bien no esperaban que
ésta fuese la última prórroga.
Es que, desde que Haití fue incluido en 2010 entre
los países beneficiados por el TPS, ese país no sólo ha sufrido las secuelas
del terremoto sino también epidemias como el cólera, escasez de empleos, y más
desastres naturales, como el huracán “Matthew” en 2016 y los ciclones “Irma” y
María” este año.
“Cuando (Kelly) dio la extensión de 6 meses lo hizo por
las condiciones que vio en ese momento, pero ahora Haití ha sido golpeado por
dos huracanes que han agravado los problemas de salud pública –ha habido un
aumento de la difteria-, la inseguridad alimentaria, y la crisis de vivienda”,
explicó Tom Jawetz, analista del CAP.
“No hay duda de que las cosas han empeorado sobre el
terreno. No hay manera de que alguien vea la situación y diga honestamente que
los haitianos ya no necesitan el TPS”, enfatizó Jawetz, al agregar que el
Congreso también debe aportar una solución permanente.
Por su parte, Ashley Feasley, directora de políticas
públicas de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU (USCCB, en inglés),
presentó una copia de un informe elaborado por una delegación de la entidad que
visitó Haití a principios de septiembre pasado.
Ese informe determinó que, pese al progreso en Haití, la
recuperación “está lejos de concluir” -55,000 personas siguen apiñadas en
campamentos temporales- y persisten las condiciones que permitieron la
concesión del “TPS”, encima de la extrema pobreza y los brotes de cólera.
“A los obispos católicos les preocupa mucho el bienestar
de los haitianos amparados al TPS, porque el país no está listo para su
repatriación. El informe recomienda la extensión de 18 meses por razones
humanitarias, de seguridad regional y de protección comunitaria y, a largo
plazo, una solución permanente por parte del Congreso”, precisó Feasley.
El TPS es un alivio migratorio aprobado por el Congreso
en 1990 y que concede una estancia legal temporal a inmigrantes indocumentados
que no pueden regresar a sus países por conflictos civiles, desastres
naturales, u otras circunstancias extraordinarias.
En el caso de los haitianos, el entonces secretario de
Seguridad Nacional y ahora jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly,
anunció el pasado 24 de mayo una prórroga de 6 meses mientras evaluaba la
situación en Haití, aunque también sugirió que el TPS es, por definición,
“temporal” y que los haitianos debían prepararse para su eventual salida.
Bajo el estatuto, Duke tenía hasta este próximo jueves
para anunciar si extendería o no el TPS a los haitianos más allá de su
vencimiento el próximo 22 de enero.
La comunidad inmigrante se ha mantenido en vilo después
de que el DHS anunció el pasado 6 de noviembre la cancelación, para enero
de 2019, del “TPS” para unos 2,550 nicaragüenses, y una extensión de seis meses
para unos 57,000 hondureños, hasta julio de 2018.
El próximo plazo del DHS será el próximo 8 de enero,,
cuando tenga que anunciar si extiende el TPS, y por cuánto, para hasta 200,000
salvadoreños.
Si no surgen alternativas, una eventual deportación
de todos los “tepesianos” de Haití, Honduras y El Salvador -los tres grupos con
mayor número de beneficiarios-, generaría a la economía nacional una
pérdida de $3,100 millones, y una reducción de $45,200 millones al Producto
Interno Bruto (PIB) en una década, según un informe del
Centro para Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, en inglés)
Rechazo a decisión
Aunque el anuncio fue celebrado por grupos de derecha que
consideran que la Administración debe desalentar la inmigración ilegal, la
mayoría de grupos cívicos, religiosos, empresariales y sindicalistas de todo
EEUU condenaron la decisión, y así lo dejaron de manifiesto en las redes sociales
y en una llamada telefónica.
Numerosos líderes demócratas y republicanos de
ambas cámaras del Congreso también habían venido presionando para que la
Administración extendiera el TPS para los haitianos, y esta noche repudiaron el
anuncio.
El legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart,
dijo que el terremoto de 2010 generó enormes pérdidas y sufrimiento para los
haitianos y “obligarlos a salir de EEUU sería perjudicial”, porque, casi
ocho años más tarde, ese país se encuentra en total caos “y aún requiere mucha
reconstrucción”.
Díaz-Balart urgió a la Administración a que
reexamine su decisión, repitiendo el mismo llamado que hizo cuando el DHS
canceló el TPS para los nicaragüenses.
El senador republicano por Florida, Marco Rubio, se hizo
eco en una carta de opinión en el diario “The Miami Herald” de quienes
aseguraron que los haitianos no sólo contribuyen con sus remesas a la
reconstrucción de Haití sino también al tejido social, económico, político y
cultural de EEUU.
Según cifras del ILRC, la deportación de los “tepesianos”
de Haití le costará a EEUU una pérdida de más de $468 millones, una reducción
de su PIB por $2,000 millones en una década, y una pérdida de $428 millones por
concepto de contribuciones al Seguro Social y Medicare en ese mismo período.