SANTO
DOMINGO.- Una fuente que se comunicó a la redacción del periódico Sin
Cortapisa, reveló la mafia que existe entre el Estado dominicano y dos grandes
empresas distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo -GLP-, COASTAL y GEOGAS, las
cuales sirvieron de instrumentos para la conformación de la trama
estatal-empresarial, a beneficio de sus dueños, la alta jerarquía del Gobierno
y del Partido de la Liberación Dominicana -PLD-.
Según la
fuente, en dicha mafia se encuentra vinculado el exministro de Industria y
Comercio, José del Castillo Saviñón, apadrinado por el presidente Danilo Medina
y el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Expresó que
Del Castillo Saviñón ganó punto en el gobierno, debido a su eficiencia
inescrupulosa en obtener fondos para la elección fraudulenta del mandatario
Medina en el 2012, así como también de su adulterada reelección del 2016.
Indicó que
COASTAL responde al Grupo Martí, fundado por Carlos Martí, dueño también de
TROPIGAS, METRO GAS, SUNIX y VOLVO. Mientras que GEOGAS está dirigida -con
participación soterrada de ciertos jerarcas de PLD por el magnate Arturo
Santana, quien primero se asoció al expresidente Leonel Fernández, Luis Manuel
Bonetti, y luego pactó con Danilo Medina.
Dijo que la
ruptura de ese último acuerdo se produjo recientemente tras graves déficits que
afectan al gobierno y la necesidad de obtener ingresos que hace unos años se le
asignaron a la mafia del GLP.
El informante
señaló que el rompimiento contó con la insistente recomendación y el respaldo
del empresario Pepín Corrípio y otros grandes financieros disgustados por la
“competencia desleal” para avanzar en ese sector.
MEMORIA DE LA
OPERATIVIDAD DELICTIVA DE LA MAFIA-GLP
Esa operación
delictiva con el GLP se basó en alteraciones a los precios de los fletes
marítimos, en las tarifas de aduana y almacenamiento, y en los cálculos de los
precios semanales de los combustibles. Apoyándose en una secuencia de
resoluciones y en medidas que facilitaban abultar estos renglones, como son:
Costos de
combustibles en barco.
Costos de
transporte (fletes).
Valor de los
seguros marítimos.
Costos
bancarios.
Cargos en el
manejo de la Terminal.
Gastos de
administración de la ley.
El consumo de
GLP ronda los 500 millones de galones anuales, el 30% en manos del Estado y el
70 controlado por las dos grandes importadoras denunciadas, y en esos 6 años
esas resoluciones y medidas impuestas silenciosamente por el Ministerio de
Industria y Comercio han servido para elevar artificialmente el precio de
paridad de las importaciones de GLP de 110 dólares en el 2011 a 225 dólares en
el 2015; lo que representa un alza del 324%, muy por encima del comportamiento
real de los precios del petróleo en ese mismo periodo.
La
sobrevaluación por tonelada de GLP asciende a los 174.5 dólares y el pueblo
pagó 14, 385 millones de pesos por el GLP consumido anualmente, con un
sobreprecio de 20 a 25 pesos por cada galón.
Puntualizo
que ese manejo posibilitó un robo al Estado, en perjuicio de los consumidores
(familias humildes y medianas, choferes, usuarios del transporte y negocios que
emplean GLP), de más de 12 mil millones de pesos en el periodo 2011-2017,
equivalente a unos 1,000 millones de pesos mensuales que fueron a parar a las
alcancías gigantes de las dos empresas mencionadas y de los jerarcas del
régimen.