BARAHONA.- En sus tres más recientes ediciones el
periódico Armario Libre, en sus formatos escrito y digital, ha estado
publicando situaciones insólitas que están sucediendo en el Consorcio Azucarero
Central Barahona, CAC-Barahona, que debieran llamar la atención de las
autoridades, particularmente, la que se refiere a la denuncia de que en
la citada empresa de capital extranjero, guatemaltecos, se practica la
tortura y otras vejaciones a la dignidad humana para que los empleados
renuncien a sus derechos laborales adquiridos durante largos años de trabajar
en dicha empresa de cuyo capital no hay participación nacional o local.
Los ejecutivos del CAC-Barahona. De izquierda a derecha,
José Antonio García Casillas, José Alcides Ruiz Alfaro, Virgilio Pérez Bernal González,
José Barríos, Pablo Campollo Figueroa, Jaime Bonifasi Campollo, Paul Hamilton y
Juan Carlos Castillo.
Son increíbles y a la vez alarmantes, pero de ser ciertas
la informaciones, y no existen razones para dudar de ellas por la fuente que
las da, de que en el CAC-Barahona se practican torturas, amenazas,
vejaciones, secuestros, presión e intimidación, para obligar a los empleados a
renunciar a derechos adquiridos durante sus largos años de labor en dicha
empresa, es evidente de que nos encontramos ante prácticas aberrantes de
una empresa depredadora, expoliadora, y que usa la violencia para arrebatarles
a sus empleados los beneficios a los que son acreedores después de haberle dado
sus vidas.
Da la impresión de que los ejecutivos del CAC-Barahona,
una empresa que no tiene capital nacional, no se rigen por las leyes
laborales del país y que, en sus actuaciones, no cuentan con el control de los
organismos estatales llamados a regular las operaciones productivas y
comerciales del azúcar barahonero.
Las narraciones y los testimonios de ex empleados
que el periódico Armario Libre recoge en su reportaje “Acusan CAC torturar,
vejar y secuestrar ex empleados” de cómo el CAC-Barahona los obligó a
dejarles sus beneficios laborales, son, sencillamente, inimaginable para esta
época, y debieran investigarse más a fondo y aplicar consecuencias.
No solamente es necesario el sometimiento judicial
realizado a la empresa por parte de los ex empleados perjudicados, sino que los
organismos de protección al ciudadano, como el de los Derechos Humanos,
debieran intervenir porque la multinacional ha llegado a niveles impensables,
tales como “montar vigilancias a sus viviendas y chequear cada paso que daban”
y “que hasta para ir al baño era con una seguridad”.
Tomado de: surexpreso.com
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