SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional
de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, acompañado de
una delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), entregó este martes a una comisión de
diputados perteneciente al Frente Parlamentario contra el Hambre encabezada
por la legisladora Soraya Suárez, el anteproyecto de Ley de Alimentación y
Nutrición Escolar para ser sometido al Congreso Nacional.
Al hacer entrega de la propuesta legislativa, Castro destacó
que entre las apuestas de este anteproyecto está que la cocción de los
alimentos dirigidos a la población estudiantil del sector público se
realice en cocinas dentro de las escuelas de manera progresiva.
“Sabemos que es un clamor que los alimentos se cocinen en
los centros educativos, por lo que entendemos que en un proyecto de esta
naturaleza no se debe dejar de lado este aspecto. Que los suplidores puedan
desde el mismo plantel preparar las raciones alimenticias de acuerdo con los
menús establecidos por el equipo de especialistas del INABIE”, explicó
Castro.
También el anteproyecto de ley promueve la integración de
la agricultura familiar al Programa de Alimentación Escolar y
la integración de productores locales.
Con esto se establecería una política de Estado para regular
el tema y así poder tener mayor garantía de lo servido.
Al hablar sobre la iniciativa legislativa, la diputada
Soraya Suárez destacó que esta pieza posiblemente sea una de las más
importantes en ser introducidas en este periodo porque beneficiará a los
estudiantes, que son quienes dirigirán el país.
En la comisión que hizo la entrega estuvieron Mariella
Ortega y Guadalupe Valdez en presentación de la FAO, así como la
consultora Dorina López, quienes participaron en la elaboración de la
propuesta.
Por el INABIE estuvo la Dra. Ana Carolina Báez,
directora de Formulación y Evaluación Nutricional y el director de
Planificación, Gerard de los Santos.
Otras novedades
El anteproyecto que será sometido por la diputada Suárez
también busca que el Estado priorice las acciones necesarias para garantizar
el suministro de agua potable gratis y permanente en los planteles
escolares.
Igualmente, prohíbe la venta de comida chatarra o
ultraprocesada en centros públicos y privados y en sus alrededores para
promover hábitos alimenticios saludables desde las aulas.
La Ley de Alimentación es fruto del extenso trabajo
participativo de representantes del INABIE, la FAO, el Frente
Parlamentario contra el Hambre, el Centro de Investigación y Promoción
Social (CIPROS), entre otras entidades, así como las consultas a más de
una veintena de actores claves en territorio nacional, del área de agricultura,
salud, educación, nutrición, compras y contrataciones, al igual que líderes de
organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de leyes dominicanas y
extranjeras en materia de alimentación escolar.
El anteproyecto entregado a la Cámara de Diputados consta
de 105 artículos y seis capítulos con los que se busca dotar a la
República Dominicana de una ley que garantice los derechos de los estudiantes del
sistema público y privado en materia de alimentación y nutrición.
El ámbito de aplicación de la normativa solo excluye a los
colegios privados en lo referente a las disposiciones y requerimientos sobre el
Programa de Alimentación Escolar, el cual se entrega únicamente en centros
públicos habilitados por el Ministerio de Educación.
Educación Alimentaria y Nutricional Escolar
La pieza contempla que en los centros educativos se
establezca un currículo de educación alimentaria y nutricional enfocado
en competencias, de manera regular y progresiva, que integre aspectos de higiene
y consideraciones ambientales, mediante la acción conjunta de los profesionales
de educación, la comunidad escolar y de los responsables técnicos.
El currículo de educación alimentaria y nutricional debe
tener como objetivo que los estudiantes y otros actores de la comunidad escolar
como los directores, maestros, estudiantes, familias y suplidores adquieran
competencias básicas y acordes al contexto, que les permitan navegar el ambiente
alimentario y mejorar su alimentación.
Propone la creación de huertos escolares en los
centros educativos, con fines pedagógicos.
Prohibición de cafeterías y alimentos ultraprocesados
De ser aprobada esta normativa, quedarán prohibidas por
ley las cafeterías en las escuelas, así como la venta de alimentos en el
entorno de 500 metros de los centros educativos.
Mientras que los colegios privados que dispongan de
cafeterías, casetas o vendedores particulares, deberán supervisar los productos
que son consumidos por los estudiantes para garantizar la prohibición de
venta de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas dentro de dichos
colegios.
Asimismo, estaría prohibida la promoción de alimentos y
bebidas que no sean saludables para la niñez y adolescencia, en el entorno
escolar.
Presupuesto garantizado
En cuanto a la aplicación y ejecución de este proyecto, el
Presupuesto Nacional de la Nación deberá asignar recursos suficientes para
garantizar la adquisición de alimentos de calidad en la
implementación del Programa de Alimentación Escolar, a través de los fondos
destinados al Ministerio de Educación.
“El presupuesto destinado a la alimentación escolar siempre
será progresivo y aumentará conforme a la cobertura, nunca podrá reducirse, ni
disponerse de estos recursos para otros fines que no sean los establecidos en
la presente ley”, reza el documento entregado a la Cámara de
Diputados.
Coordinación interinstitucional
El Ministerio de Educación, a través del INABIE, es el
organismo ejecutor de la gestión alimentaria. Las entidades corresponsables que
tienen las funciones de regulación, control, monitoreo y apoyo al proceso de
implementación de la Ley de Alimentación Escolar son: el Ministerio de
Agricultura y el de Salud Pública, el Instituto Dominicano para la Calidad,
(INDOCAL), los Ayuntamientos Municipales y la Dirección General de
Contrataciones Públicas.
Este último organismo tiene la responsabilidad de elaborar un reglamento
especial para las compras de productos y acompañar el diseño de los
estándares, pliegos y directrices para la contratación de la alimentación
escolar, definiendo los criterios y condiciones para garantizar la participación
de la agricultura familiar y local en las cadenas de suplidores de la
alimentación escolar.
Sanciones
El anteproyecto considera como infracción toda acción u
omisión de los servidores públicos y demás personas responsables en el marco de
la alimentación escolar, que contravengan o infrinjan su contenido.
La futura ley obliga a los directores de los centros
educativos a constituir y conformar comisiones de supervisión de los alimentos
y del buen uso de los recursos destinados para la alimentación escolar.
Los servidores públicos que dieran mal uso a los recursos
destinados para la alimentación escolar serán destituidos y sometidos a la
Justicia.
Precisa también que a los suplidores se les puede revocar su adjudicación, si resultaren adjudicatarios en un proceso de compras públicas tras haberse beneficiado de información confidencial obtenida de manera fraudulenta, también si incumplen con la obligación de entrega de los alimentos, en cuanto a calidad, inocuidad, y/o cantidad de los alimentos.
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